En este 2020, la pandemia del COVID 19 ha traído consigo infinitas consecuencias a nivel mundial, especialmente en el marco socioeconómico, siendo las micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores más afectados. Esto último las ha obligado a modificar y reajustar sus modelos de negocio y adaptarse a este “nuevo normal”.
Según la encuesta realizada por el Ministerio de industria y Comercio en el mes de junio de este año 2020, un 79% de las MIPYMES encuestadas se vio en la necesidad de cesar sus operaciones por completo, el 19% debieron hacerlo parcialmente y el otro 2% se encuentra operando igual o en mayor capacidad. Cabe destacar que cerca del 70% del total de dicho sector productivo cuentan con préstamos privados.
Ante esta crisis el Estado se ha visto en la necesidad de dictar medidas para salvaguardar los derechos de los empleados y brindar un apoyo a los dueños de negocios con el fin de garantizar la sostenibilidad de las empresas.
En materia fiscal, durante el primer trimestre del año en curso, se implementaron varias medidas, entre las cuales enumeramos las siguientes:
La segmentación de la liquidación del impuesto sobre la renta anual de las empresas con cierre de ejercicio fiscal en diciembre;
La flexibilización del pago de compromisos de anticipos de todo el sector privado; y,
La extensión de plazos para declaraciones impositivas. Asimismo, fue ordenada la asignación de diez mil millones de pesos dominicanos para ser puestos a disposición para préstamos de MIPYMES y comercios,la constitución de un Fondo de Garantías y financiamiento para beneficiar al mencionado sector.
A su vez, mediante los decretos números 143-20 y 185-20 fueron creados los programas de asistencia social para el sector laboral/de negocios, denominados como Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), QUÉDATE EN CASA y PA’TI, cuyos periodos de ejecución fueron extendidos por el actual presidente, Luis Abinader Corona, mediante el decreto núm. 358-20, hasta el mes de diciembre del año en curso.
Nos encontramos frente a una situación sin precedentes en el último siglo y que tanto las medidas a tomar, como la determinación de los daños causados por esta pandemia aún se encuentran en pleno desarrollo. Es por esto que es necesario mantenernos informados y monitorear el desenvolvimiento legal y económico de la situación.